En estos días de conflictividad social, donde el debate central está en qué tipo de minería quiere el país, cuáles son las virtudes y defectos del actual modelo económico, vuelve a surgir la pregunta en el escenario sobre qué quiere la izquierda para el Perú de hoy.

Para un sector de la opinión pública, en especial para algunos “opinólogos” radicales de derecha, detrás de los conflictos sociales y la protestas solo hay una manga de “agitadores comunistas” y “terroristas antimineros”, una burda manera de simplificar y descalificar -nada novedoso por cierto- de los sectores dominantes de la sociedad al descontento de la población o de las organizaciones sociales que se expresa en las calles, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.

Algunos se disgustan por que hay dirigentes de izquierda entre las protestas. Porque así como muchos de los que opinan en los medios actuales coinciden en que este modelo económico hay que defenderlo -a fuerza de balas y francotiradores si es necesario- hay también los que estamos del lado de las demandas de los que no tienen voz en los grandes medios o tribunas. Porque así como los voceros políticos del fujimorismo, el Apra, PPC, Solidaridad, PPK, entre otros salen a defender a las empresas mineras y otros grandes inversionistas, hay otros que estamos de lado de las comunidades campesinas, de los sindicatos, de los jóvenes, de los que no pueden salir a dictar portadas y titulares dando su opinión. Porque si los militantes de izquierda participan en las luchas populares es porque son parte de esas comunidades, de esos problemas y de buscar soluciones con miradas integrales a esos problemas.

Así ha sido a lo largo de la historia del Perú, la izquierda en sus diferentes expresiones en la historia del siglo XX, ha estado junto a las luchas de los de abajo que siempre han exigido sus derechos y democratización de la sociedad. Desde la lucha por las 8 horas de trabajo, por la organización de los estudiantes y la ampliación de la educación universitaria, por la reforma agraria que enfrentase el feudalismo en el campo, por la recuperación de recursos naturales como el petróleo y los minerales, por el derecho a organizarse en los sindicatos a defender los derechos colectivos de los trabajadores, por la obtención de un pedazo de suelo para miles de peruanos que no podían acceder a una vivienda digna, por los derechos y equidad para las mujeres y la diversidad sexual, entre muchos otros. No es cierto, a pesar de algunos de esos opinológos lo repiten hasta el cansancio, que “la izquierda fue gobierno” con Juan Velasco, Alan García o con Ollanta. Otra cosa es que en esos gobiernos hayan participado algunos intelectuales de este sector, o que se hayan aplicado algunas políticas en esa orientación.

La lucha por las reivindicaciones y los derechos ha sido vital para superar en buena medida trabas históricas de nuestro país como el racismo, el esclavismo, para generar alguna base mínimas de ciudadanía en el país. Por supuesto que no ha sido suficiente, y ahí es donde le falta más consistencia a la izquierda, aún falta un trecho para que sea alternativa sólida y viable de cambio, con un modelo de desarrollo alternativo para el país.

Cabe aclarar que no se trata de que la izquierda sea una fuerza moralmente superior de origen, pues sus miembros no están exentos de ser malos gestores o caer en los vicios como la corrupción. Sin embargo se trata de poner en discusión los modelos de sociedad y los programas concreto de políticas que sean viables para hacer cambios de verdad.

La pregunta clave es si estamos en capacidad de hacerlo. Creo que hay personalidades, intelectuales, pero aún nos falta desarrollar una gama de profesionales comprometidos con ganas de cambiar las cosas desde el sector público. Tenemos que dar aún el salto de ser oposición a ser opción, que tengamos la solvencia para explicarle a la población que es necesario en primer lugar recuperar la dignidad del país y de su Estado, en gran medida capturado por intereses privados y por la corrupción. Que podemos lograr mayor equidad y justicia social con políticas públicas que mejoren sustancialmente la calidad de los servicios de salud y educación, que nos permitan tener un Estado que garantice la inversión privada pero con respeto a las comunidades y el medio ambiente, que garantice la administración efectiva de justicia y seguridad ciudadana. En ese camino estamos.