La corrupción que se investiga por esos días en el Brasil y que involucra a algunas de las principales empresas constructoras y a parte de la política de gobierno encabezado por Dilma Rousseff nos muestra lo enraizada de una red que tiene implicaciones mucho más profundas con la política latinoamericana y peruana.

En el escándalo a raíz de la investigación llamada Lava Jato (lava autos) están implicadas algunas de las principales empresas brasileñas como Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y Odebrecht. En total unas 26 empresas, están siendo investigadas por su participación en una vasta red de corrupción enquistada en la empresa estatal Petrobras, que durante la última década se habría apropiado ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares.

Este proceso he llevado a prisión a los principales directivos de estas mega empresas. Siendo uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Brasil ha hecho que también se investigue a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones, sospechosos de haber participado en la red de pagos de sobornos a cambio de contratos en la estatal.

Compañías como OAS y especialmente Odebrecht, tienen una vasta presencia internacional y las dos han ejecutado y ejecutan algunas de las más importantes obras de infraestructura en el Perú. Su presencia se extiende a varios países en Latinoamérica y en África. Esto ha llevado a que se inicien investigaciones en países donde estas empresas operan con proyectos cuestionados, como en Panamá y México.

Lo que demuestra estos destapes de investigación periodísticas y judiciales es un sistema que al igual que en nuestro país, se encuentra casi institucionalizado. Compromete una serie de dádivas y coimisiones para asegurar la realización de obras sobrevaluadas y que no terminaban en los plazos previstos.

Los temas de fondo tienen que ver con el modelo económico y el marco legal que les permite a estas empresas el conseguir jugosos contratos y que con eso se enriquecen a costa de los dineros públicos. Además un esquema de juego político y legal que hace que las elecciones se han mercantilizado, al punto de que las organizaciones políticas deban invertir en campañas millonarias para poder lograr su triunfo. Esto a su vez los hace comprometerse en un círculo vicioso de “colaboraciones” de grandes empresas que, en las mayorías de casos, también compromete futuros negocios.

Nadie puede dudar que en estos tiempos de globalización y hegemonía neoliberal, los Estados que tiene proyección en el ámbito internacional trabajen en nombre del “bien nacional” de la mano de sus principales empresas nacionales para expandir sus mercados. Sin embargo cuando esta relación se convierte en dependencia y en negocios turbios, entramos en una espiral peligrosa que usa a los Estados y gobiernos de turno como simples mediadores para aprovecharse de los recursos de los ciudadanos.

La investigación en Brasil sigue su curso y no será nada raro que esta profundice en las ramificaciones de los “aportes” de estas empresas brasileñas a los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y no sabemos si al de Humala. En los últimos seis años el Estado peruano desembolsó 6 mil 100 millones de soles (más de 2 mil 200 millones de dólares) para pagar obras en las que Odebrecht es el socio principal. Por ejemplo en solo cuatro de los grandes proyectos en los que Odebrecht fue socio dominante, se registraron grandes sobrecostos, cuyo monto total fue calculado en 757 millones de dólares.

Es común en estos tiempos que las empresas paguen conferencias de ex presidentes y financien sus fundaciones, pero cuando esto vincula al sector público empiezan los problemas. Nos da que pensar pues el conflicto de intereses el interés privado y el público empieza a entrar en colisión cuando empiezan a fluir los negocios y los beneficios de unos pocos a costa de las grandes mayorías. Por ejemplo una ONG del expresidente Alejandro Toledo recibió más de 71 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht. Los cuestionamientos se deben a que la empresa tuvo contratos con el Estado durante su gestión hasta por 250 millones de soles.

Recientemente el periodista Fernando Vivas comentaba que importantes empresas que operan en el Perú, y que son miembros de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y de la Confiep, se acercaron a la ONPE, para sugerir la creación de un fondo que sea repartido equitativamente a los partidos en contienda. A partir de los cual la ONPE presentó al Congreso el proyecto que crea el Fondo Electoral Empresa y Democracia. ¿Será esta la mejor forma de evitar que los políticos se comprometan de manera irregular con los intereses empresariales?

Una buena pregunta para la izquierda y el progresismo es que, tomando en cuenta las condiciones del sistema global y el modus operandi casi institucionalizado, se puede cambiar este esquema de trabajo entre Estado y sector privado. Esto nos lleva a temas de fondo que debemos poner en la mesa: el cómo se financian las campañas electorales; si debemos plantear el financiamiento público de los partidos; cómo se regulan los aportes y los gastos en las campañas electorales. Creo que no se puede impedir que existan aportes de privados, no solo individuos sino de empresas a las organizaciones políticas, pero debe haber una normativa más clara que dificulte mucho más el lobbysmo y la mediación políticas a los negocios que enriquezcan a las empresas a costa del dinero público.