El electo Gobernador Regional de Cajamarca y líder del Movimiento de Afirmación Social Gregorio Santos Guerrero, seguirá en prisión preventiva por 18 meses más tras un cuestionable fallo que lo hace permanecer de manera injusta privado de libertad, pues con todas las garantías podría continuar el proceso en libertad.

Zaida Pérez Escalante, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, amplió por 18 meses más la prisión preventiva de Santos Guerrero situación que cumple desde el 25 de junio del 2014 por los presuntos delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y colusión en agravio del Estado. El Poder Judicial dio a conocer la medida a través de un comunicado donde se precisa que la medida contra Santos se prolongará hasta el 24 de febrero del 2017.

La medida se debe, según el PJ, a la “naturaleza especial del proceso” que implica una investigación compleja al crimen organizado. Además, señala que falta analizar la documentación recabada, realizar pericias por parte de expertos entre otros.

La prisión preventiva aplica ante el riesgo inminente de fuga y otras situaciones que pongan en serio riesgo el proceso, sin embargo Goyo ha demostrado su voluntad de facilitar la investigación al haber asistido a todas las citaciones además de haber participado activamente en la campaña para su reelección como gobernador regional, que ahora ejercería en plenas funciones.

Por su parte la comisión parlamentaria encargada del caso Martín Belaunde Lossio y que es presidida por la pepecista, Marisol Pérez Tello, acordó hace unos días pasar a la condición de investigadas a cinco personas más, entre ellas a Gregorio Santos. Como ya sabemos esta comisión, que se supone sesiona en reserva, estaría filtrando sus actuados de manera que hace de la investigación un espectáculo de acusaciones y especulaciones para busca minar más la alicaída imagen del gobierno.

Esta medida coincide con el hecho de que Gregorio Santos ha sido proclamado por el MAS como pre candidato presidencial y ha ratificado mediante misivas su voluntad de participar activamente en los procesos de conformación de un frente de izquierda y progresista para los comicios del 2016. Es evidente que Goyo sufre un acoso judicial con más de 60 procesos por el hecho de ser un dirigente social del movimiento rondero campesino de Cajamarca y por haber liderado el rechazo popular al intento del gobierno de Ollanta Humala de imponer el proyecto minero Conga.