Las conversaciones de paz que se realizan en La Habana por la paz en Colombia son de gran importancia para la región y el mundo. Se trata de la posibilidad de que un país que ha estado sumido en una cruenta guerra por más de 50 años pueda terminar con una salida política que permita un reencuentro de su sociedad.

El reciente encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez ha concitado la atención mundial, así como los acuerdos a los que han llegado que ponen un plazo de 6 meses para la firma definitiva de la paz.

El presidente colombiano Santos, que viene de las canteras políticas liberales, ha sido ministro de defensa y pieza clave del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo de manera sensata se dio cuenta que la política guerrerista de su predecesor solo llevo a elevar la espiral de violencia y a ninguna salida concreta al problema de fondo.

Por otro lado las FARC-EP son un grupo insurgente que ha pasado por varias etapas y ha visto seriamente mermada a su dirección histórica en los últimos años, pero sin embargo sigue siendo un actor armado de mucho peso (tendría más de 8500 efectivos) y que también viene buscando una salida política a la guerra que ha cobrado más de 220 mil vidas en todo estos años.

La guerrilla y sus salidas

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo son una guerrilla que está alzada en armas desde finales de los años 50. En algunos medios internacionales simplemente se les califica de “banda narcoterrorista”, pero se trata de una burda simplificación que oculta al carácter político y más complejo de su arraigo social y su supervivencia.

Las FARC-EP se originan como parte de la violencia política entre conservadores y liberales en Colombia. Surgieron a partir de varios grupos de autodefensa campesina que se organizaron ante las masacres en el campo, en especial del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Entre dirigentes campesinos que venían del liberalismo colombiano y algunos destacados por el Partido Comunista, se fundó esta guerrilla en 1966 y que ha mantenido presencia importante en varios territorios colombianos hasta llegar a ser casi territorios liberados.

A mediados de los años 80 las FARC y otros movimientos guerrilleros como el ELN, EPL y el M-19 lograron conformar una Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que avanzó en negociaciones con los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. El resultado fue que las FARC decidieron entrar a la política electoral a través de la Unión Patriótica. Tras su ingreso al terreno electoral adquirieron una creciente presencia en gobiernos locales y el parlamento. Sin embargo las clases dominantes, en especial los terratenientes, ganaderos y los carteles de narcotráfico organizaron bandas paramilitares, que con soporte logísticos de las Fuerzas Armadas, empezó un exterminio de la UP que asesinó a más de 3500 militantes, incluyendo a 2 candidatos presidenciales de este frente político. Ese hecho obligó a la guerrilla a regresar de lleno a la lucha armada, lo que extendió el conflicto. Han existido otros esfuerzos de diálogo, como los del ex presidente Andrés Pastrana a mediados de los 90, pero que no llegaron a buen puerto.

Como parte de toda esta espiral de violencia, las FARC han incurrido en una serie de excesos, atentados y secuestros, así como el financiamiento de algunas de sus actividades a partir del cobro de cupos a algunos de los carteles del narcotráfico. Lo real es que la sociedad colombiana se ha visto atravesada en todos sus niveles por el narcotráfico y el paramilitarismo. El conflicto se agudiza pues ha existido un sistemático terrorismo de Estado y la protección hasta hace unos años de bandas paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia. Asimismo un claro intervencionismo de Estados Unidos, que con el pretexto de la “guerra al narcotráfico” se ha involucrado directamente con armas y logística para exterminar a las guerrillas.

Lo real es que la sociedad colombiana se ha visto atravesada en todos sus niveles por el narcotráfico y el paramilitarismo. El conflicto se agudiza pues ha existido un sistemático terrorismo de Estado y la protección hasta hace unos años de bandas paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia.

Algunas cifras

En 2013 un estudio habló de 220.000 muertes causadas por el conflicto desde 1958. Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. En esas cifras se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.

También se destaca a Colombia entre los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas. El desplazamiento ha contribuido a empeorar el conflicto. Con casi 400.000 refugiados, el país es protagonista del mayor drama humanitario de América Latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Perspectivas de la paz

En 2012 el Gobierno colombiano y las FARC-EP instalaron en Cuba una mesa de diálogo para poner fin al conflicto armado. Durante los 34 ciclos realizados hasta ahora, las partes se han enfocado en las garantías de seguridad y el avance hacia la paz, puntos que resaltan en las más de 60 páginas de acuerdos, que están subdivididos en cuatro pilares: lógica territorial de inclusión social, reinserción en función de las políticas anticonsumo, lucha contra el crimen organizado, fin a cualquier relación de rebelión.

El punto clave acordado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciado en La Habana el 23 de setiembre es la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz para que investigue y juzgue los delitos graves cometidos en medio del conflicto. Eso implica investigar y sancionar los delitos cometidos por las fuerzas insurgentes, así como por los agentes del Estado y otros actores involucrados (paramilitares). Eso se suma a otros acuerdos importantes como una comisión especial que investigue las causas del conflicto armado. 

La ultraderecha colombiana y mundial ya está saliendo a poner el grito en el cielo. No quieren ninguna concesión a la guerrilla, solo quieren la tierra arrasada. Lo interesante y rescatable del proceso colombiano es que no se trata de un diálogo que solo busque la desmovilización de la guerrilla, sino el abordar el conflicto desde los problemas de fondo y estructurales de la sociedad colombiana, que permitan generar condiciones reales para la justicia social y la reparación de las víctimas. Asimismo hay un reconocimiento del Estado colombiano que la guerrilla no es simplemente una banda criminal, sino un actor político y militar con el que debe sentarse a la mesa para buscar salidas para el país y para que esta pueda ingresar a la vida política por la vía pública y democrática.

El pueblo colombiano y la comunidad internacional estarán muy atentos a los pasos a seguir a partir del anuncio realizado, pues en el derecho internacional no solo pesan los acuerdos, sino también la voluntad política real para implementarlos.